martes, 15 de enero de 2013

Las tasas judiciales dañan el medio ambiente

El pasado año 2012 concluyó con varias noticias en torno a la paralización de proyectos urbanísticos que afectaban a medios naturales especialmente sensibles. El cabo Cope en Murcia, la sierra de Las Nieves (Málaga) y la laguna y humedal de Valdoviño (A Coruña) se salvaron del ladrillo gracias a sentencias judiciales tras las que había un trabajo previo de denuncias y recursos ante tribunales de justicia que emprendieron ayuntamientos, partidos políticos y asociaciones ecologistas. Tras la aprobación de la ley de tasas judiciales, estos procedimientos se encarecerán notablemente y, según denuncian varias ONG, será imposible iniciar procesos contra proyectos que conlleven graves impactos ambientales. Y la cosa puede ir a peor con otras normativas en ciernes.

“Si recurriéramos hoy el proyecto de la Marina de Valdecañas en Cáceres, urbanización ilegal según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se debería abonar previamente una tasa de 10.350 euros, puesto que la cuantía del procedimiento se fijó en 40 millones de euros. Un recurso de casación contra una sentencia desfavorable, como el planteado contra la inadmisión de la suspensión cautelar de las obras del vertedero de Toledo, tendría un coste de 1.290 euros”. Ecologistas en Acción ejemplifica así el lastre que supone para la defensa de la protección ambiental la ley impulsada por Alberto Ruíz Gallardón, ministro de Justicia, y advierten de que su participación en casos tan populares como el hotel del Algarrobico sería imposible con esta normativa.

La cantidad sería menor (440 euros) en procedimientos con cuantía indeterminada, como el proyecto de cementerio nuclear de Villar de Cañas (Cuenca), el plan parcial de la playa de Valdevaqueros (Cádiz) o los permisos a Repsol para prospecciones petrolíferas en aguas canarias. Sin embargo, las asociaciones ecologistas y vecinales consideran que incluso estas cuantías menores también limitan el acceso a la justicia ambiental, más si se multiplican por la decena de casos que se abren al año y se tienen en cuenta los presupuestos reducidos de muchas de ellas. Los abogados que llevan estos casos hablan de replantearse muchos procedimientos o acudir a herramientas de financiación popular y colectiva, como el crowdfunding.

En la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) ya han empezado a notar los efectos de la nueva normativa. Juan Carlos Atienza, director de Conservación, afirma que su asociación "es la que más procesos judiciales tiene abiertos [unos cincuenta] y más dinero invierte en tribunales [unos 50.000 euros al año] para defender el medio ambiente, y hemos calculado que el presupuesto anual asignado a los mismos se multiplicará por diez”. “Desde que se aprobó la ley hemos iniciado solo un caso y vamos a intentar seguir adelante con los que tenemos ya abiertos, teniendo en cuenta que la ley es retroactiva y afecta también a estos; pero lo que es seguro es que nos limitará mucho presentarnos a nuevos”.

Eduardo Salazar y Jaime Doreste son dos abogados ambientalistas que trabajan en casos como el de la Marina de Valdecañas, el soterramiento de la M-30 en Madrid o la instalación del almacén temporal de residuos en Villar de Cañas. Salazar confirma que van a "denunciar la ley ante el convenio internacional de Aarhus, ratificado por España en 2005, donde se dice que el acceso a la justicia tiene que ser real y efectivo y los procesos rápidos y poco onerosos o gratuitos”. La pretensión es que aquellas personas y colectivos que inicien un proceso en defensa del medio ambiente no paguen las tasas, y si es así, que “haya una condena internacional que obligue al Estado a revisar la ley”, concluye. El Convenio de Aarhus,llamado así por la ciudad danesa donde se firmó, es un tratado internacional de la ONU sobre acceso a la información y la justicia y participación pública en tomas de decisiones en materia ambiental.

No solo ecologistas, asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales, sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios están en pie de guerra contra la discriminación que supone la ley de tasas.Jaime Doreste añade el envío masivo de cartas a la Defensora del Pueblo para reclamarle que interponga un recurso de inconstitucionalidad, y advierte de nuevas reformas por llegar de las que ya se han presentado borradores y pueden limitar aún más la personación popular no solo por la vía administrativa, sino también penal. “El anteproyecto de reforma de la ley de asistencia jurídica gratuita prevé que una persona o colectivo solo pueda usar este servicio tres veces al año, salvo que acredite que no hay abusos, algo que se antoja muy arbitrario”. Según Doreste, esto limitará también el trabajo de ONG y asociaciones con escasos recursos económicos. Pero hay más, ya que un documento elaborado por expertos sobre la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal limita el ejercicio de la acción popular a partidos, sindicatos y asociaciones.

Desde el Ministerio de Justicia recuerdan que “el anteproyecto de ley de acceso a la justicia gratuita contempla que las asociaciones de interés público que acrediten insuficiencia de recursos para litigar en defensa de su objeto social podrán beneficiarse de la justicia gratuita en los mismo términos en lo que recogía la ley en vigor”. Ruiz-Gallardón afirmó el viernes pasado, en la presentación del anteproyecto: “Se establece una presunción de abuso de derecho en aquellas personas que soliciten más de tres veces al año instancia de justicia gratuita salvo en lo penal. Eso no significa que no tengan derecho a acogerse; significa que a partir de la tercera serán sometidas a una investigación puesto que hay presunción de abuso de derecho”. Respecto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la limitación de la acusación popular, el ministro confirmó en la misma comparecencia que el Consejo de Ministros encomendó a una comisión de expertos la elaboración de un nuevo código procesal penal, cuya propuesta “no ha sido trasladada aún al Gobierno”.

Casos de gran notoriedad, como el hundimiento y posterior contaminación del Prestige o la rotura de la balsa de residuos mineros de Aznalcóllar y su vertido sobre Doñana, han contado con la acusación popular. “Y todos los de envenenamiento de fauna o de las urbanizaciones ilegales de Navas del Marqués y Villanueva de Gómez en Ávila”, añade Juan Carlos Atienza. El representante de SEO/BirdLife aclara que “en medio ambiente y protección de la biodiversidad hay pocas personas que, como entidad jurídica, inicien un proceso judicial. Si te roban o te ponen una multa injusta recurres porque afecta a tu patrimonio personal, pero el medio ambiente es de todos y nadie va a poner tiempo y ahora dinero de su patrimonio para defender el de todos. Eso solo lo hacemos las ONG ecologistas u otros colectivos, como asociaciones de vecinos o plataformas creadas al efecto”.

FUENTE: El País

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