domingo, 23 de septiembre de 2012

El dilema entre las políticas ecológicas y el bienestar social

El gobierno Español presentó hace unos días una “reforma” del sistema energético español, conocida popularmente como “el impuestazo” que ya comenté en un artículo anterior. Pero, ¿Es esta la reforma que necesita el sistema energético Español? Es más, ¿Va encaminada a reducir las emisiones o el consumo de combustibles fósiles? ¿Qué deberían hacer los gobiernos para cumplir con las advertencias marcadas por el IPCC?

La necesidad de reducir las emisiones

Ante el escenario de cambio climático, los expertos del IPCC advierten de que deben tomarse medidas drásticas a corto y medio plazo, según la responsabilidad de cada país.

Los países desarrollados son responsables de más del 70% del cambio climático, ya que queman combustibles fósiles desde hace más de doscientos años. Los esfuerzos entre países desarrollados y países en vías de desarrollo deben ser distribuidos en función de sus responsabilidades históricas (principio de responsabilidad compartida pero diferenciada).

Según los expertos, los países desarrollados deben reducir entre un 80 y un 95% sus emisiones entre ahora y el 2050, mientras que los países en vías de desarrollo deberán desviarse entre un 15 y un 30% respecto al escenario de referencia para 2020 (en África para 2050).

Estas cifras son todo un reto, por lo tanto debe tenerse muy en cuenta quién contamina, en que cantidad y para que finalidad. Debe penalizarse la contaminación de la atmosfera, pues es un bien de la humanidad.

¿Cuánto debería valer emitir CO2 a la atmosfera?

Este parece ser el núcleo de la cuestión. El grupo III de trabajo del IPCC valoró la posibilidad de gravar las emisiones con un impuesto de 100$/Tonelada de CO2 emitida. El resultado fue contundente, con este nivel impositivo en 2030 tendríamos el mismo nivel de emisiones del año 2000 (muy lejos del 25-40%  de reducción fijado para fecha)

Los expertos apuestan por quintuplicar el precio de las emisiones, gravándolas a unos 500$/Tonelada de CO2 emitida. De esta forma se lograría no superar los 2-2,4ºC de aumento de temperaturas.

Pero esta medida es también insuficiente, pues con un impuesto de entre 500 y 700$/Tonelada sólo se conseguirían reducir un 50% de las emisiones para 2050 (muy lejos del 80-95% recomendado)

Las consecuencias del impuesto sobre las emisiones

Imaginémonos por un momento que tuviésemos un gobierno que fuese capaz de obligar a las grandes empresas a pagar tales cantidades por sus emisiones, ¿Cuáles serían las consecuencias? Pues, en primer lugar, las grandes empresas repercutirían el aumento de los costes sobre los consumidores.

Por otro lado, para las pequeñas empresas dependientes de energías fósiles les sería imposible encajar tal subida de los costes (agricultura, pesca, transportistas…) lo que llevaría a la quiebra a miles de trabajadores y pequeños empresarios.

También puede plantearse, desde el punto de vista de los empresarios, soportar esta nueva carga impositiva a costa del mundo del trabajo (disminución de salarios y de prestaciones de desempleo, aumento de la jornada laboral…), pero para ello deberían superar las luchas sociales y sindicales que se generarían. Y aun así, la disminución de la demanda que provocaría una bajada de salarios podría acabar perjudicando a las propias empresas.

Por lo tanto la solución no es sencilla, la perspectiva ecológica y social van contrapuestas debido en gran parte al marco económico que rodea a ambas. En la lógica capitalista, un aumento de los costes se traduce en inflación y disminución de los derechos laborales mientras que continuar cómo hasta ahora acarreará grandes problemas en un futuro.

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