martes, 9 de agosto de 2011

Opinión sobre AcampadaBCN (1): La gestión publica del agua

El de hoy, es el primer artículo de opinión sobre las propuestas publicadas por la comisión de medio ambiente de la Acampada de Barcelona (dentro del Movimiento 15-M). El propósito es reflexionar sobre las diferentes propuestas, desde un punto de vista ambiental y social. Hoy nos centramos en el primer punto el cual propone una gestión publica del agua.

1) Queremos la gestión pública del  agua, sin ánimo de lucro y con participación social, y que los beneficios se reinviertan en la calidad del servicio. Por lo tanto, exigimos que la actual gestión privada de Aguas de Barcelona (Grupo Agbar) retorne a manos públicas municipales.

Es un tema que ya habíamos hablado en un artículo anterior, pero que es de vital importancia, ya que el agua no tan sólo es la base de la vida biológica, sino que supone también la base de la vida social e industrial.

Por lo tanto, deben ponerse por delante los intereses sociales a los intereses y beneficios privados. El hecho de tener un sistema privado de agua implica que el agua es tratada como una mercancía y los usuarios como clientes. Por lo tanto, no puede prestarse servicio a destinatarios no rentables económicamente.

Esto es un grave problema, muchas veces vemos por televisión familias a las cuáles se les corta el agua por el simple hecho de no poder pagarla, algo que deja a las familias en una situación muy vulnerable.

Pero más allá de las consecuencias que tiene la privatización de un servicio básico, hay que reflexionar sobre el derecho o no de privatizar un recurso natural, que sobretodo en el caso del agua, no necesitaría apenas tratamiento si no fuese por el sector privado.

En resumen. Por un lado tenemos un recurso natural, que es vital para la vida, pero que debido a su uso privado es ensuciada hasta tal punto que no puede volver a ser consumida sin tratamiento previo. La solución a la que se llega, es que sea gestionada privadamente, y por lo tanto es el sector privado el que limpia y trata el agua para devolverla al medio ambiente.

Aquí viene mi planteamiento, ¿Es ético que sea una empresa privada la que obtenga un beneficio por la explotación de un recurso natural y por lo tanto público?

Yo opino que no. El agua no puede pasar a ser una mercancía más, no debe someterse a las leyes del mercado ni a las expectativas de beneficio de una empresa privada. Precisamente porque el agua es un elemento vital para la vida, no debe sobreponerse la gestión económica al abastecimiento de todos los estratos sociales.

La Directiva Marco del Agua establece que se deben recuperar los costes económicos, ambientales y relativos a los recursos (la DMA está explicada en este artículo de hace unos días).

Es importante asumir los costes económicos, pero no es ético intentar sacar beneficios de dicha explotación, ya que el agua no es de nadie, sólo se cede temporalmente para su uso privado.

Próximo paso: La gestión privada del aire

Hace unos años leí en un libro, ambientado en la Inglaterra del siglo XX, que un personaje se sorprendía porque se le hiciese pagar por beber agua y dijo algo así cómo “En unos años nos harán pagar por respirar aire puro”.

¿Porqué asumimos cómo normal pagar por el agua y no pagar por un aire puro en las ciudades? ¿Llegará el momento en que tengamos que pagar por respirar aire no contaminado?

Posibles soluciones

Tanto en el caso del agua cómo en el del aire, yo distinguiría entre dos aspectos. El uso privado y el uso doméstico o social (el que se hace en los hogares, fuentes públicas…). Mi opinión es que el sector privado debe pagar la totalidad de los costes de descontaminación del agua que utiliza, también debe pagar por los costes ambientales que genera y un sobrecoste por el uso del agua (que es un recurso limitado) para usos privados.

Hay que tener en cuenta, que el hecho de utilizar el agua para otras finalidades que no son sus funciones básicas (beber, regar o mantener la higiene de las personas o ciudades) implica que estamos destinando parte de las reservas de agua a finalidades más superfluas y por lo tanto, éstas deberían tener un sobrecargo.

El uso superfluo del agua, sobretodo en el ámbito privado (ya que este genera beneficios económicos) pero también en el ámbito social o doméstico, debe costear también el uso básico del agua, ya que éste debe de ser gratuito.

Esto implicaría por ejemplo, que una parte del consumo de agua en las viviendas fuese gratuito, y superado ese consumo se aplicasen los costes y cánones oportunos. Por lo tanto, nunca una empresa de distribución de agua podría cortar el suministro a una familia por impago, ya que una parte del suministro debe estar garantizada por el Estado.

El sector privado no tendría cabida en un sistema cómo este, ya que no se rige por la ley de la oferta y la demanda, sino por criterios sociales. Por lo tanto, debería ser el sector público el que gestionara el ciclo del agua estableciendo los cánones de consumo oportunos, para que se cubriesen todos los costes, sin privar el consumo en ningún estrato social.

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