viernes, 29 de julio de 2011

La economía del medio ambiente (II): Los problemas del liberalismo económico

Algunos analistas afirman que muchos de los males que nos afectan hoy en día se deben al propio sistema económico capitalista. La doctrina de pensamiento que históricamente ha defendido esta orden social es el liberalismo económico. Pero, ¿Qué implicaciones tiene el liberalismo económico en la gestión del medio ambiente?


Liberalismo económico

Es una teoría política y económica formulada entre otros por Adam Smith según la cual, la economía se autorregula sin intervención del Estado. Por lo tanto, será la propia ley de la oferta y la demanda la que encontrará una solución harmónica e igualitaria.

Por lo tanto, según ésta teoría es el egoísmo de cada uno el que estimula el sistema. Los empresarios ponen todo su empeño para conseguir el máximo beneficio, mientras que los trabajadores ponen todo su trabajo a disposición del mayor sueldo. Esto hace que el sistema sea lo máximo de eficiente posible y que la búsqueda del beneficio propio dé como resultado un aumento del bienestar, sin que éste hubiese sido el objetivo.

"No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero que esperamos poder cenar, sino porque estos miran por sus propios intereses". (A. Smith, La riqueza de las naciones)

El problema viene, cuando las actuaciones de uno, afectan negativamente a las actividades de otro. Entonces se produce una externalidad negativa (en la producción o en el consumo). Son considerados “fallos” del mercado, ya que se producen efectos colaterales a sujetos que no son ni compradores ni vendedores. Por lo tanto, se daña a terceros, los cuales no recibirían compensación alguna.

Liberalismo económico y medio ambiente

El problema surge precisamente cuando se producen externalidades negativas que afectan al medio ambiente o a la salud. El teorema de Coase, nos indica, que si la actividad de una empresa afecta a otra, la libre negociación entre los afectados llevará a una solución que minimice los costes para ambas partes. Pero, ¿qué pasa si el perjudicado es el medio ambiente? En ese caso, la negociación es imposible, ya que el medio ambiente no es un bien privado y los afectados son muchos (la negociación sería inviable).

Es entonces cuando surge la necesidad de corregir los “fallos” del mercado para que estos den una solución más eficiente. Es aquí donde se necesita una firme y justa intervención del Estado, para que las empresas internalicen en sus costes ambientales de su producción.

Esto exige en primer lugar, valorar económicamente los daños producidos al medio ambiente. Esto es realmente complicado. Calcular el coste de la degradación, de la destrucción de la naturaleza o del consumo de recursos naturales no renovables es realmente complicado, ya que la naturaleza es un bien público externo al mercado. Hay que valorar tanto el valor de uso (valor de utilización de la naturaleza) cómo el valor de no uso (valor que se le da a la naturaleza, no por el provecho que se le puede sacar al ser utilizado, sino solamente por el hecho de existir y de poder ser legado a futuras generaciones).

Una vez valorado el daño, los diferentes gobiernos pueden intervenir para intentar que los productores compensen de alguna forma estos daños. Esto se puede hacer de dos formas:

  • Medidas de orden y control: Se basan en prohibir una cierta actividad o de poner límites de contaminación.
  • Políticas basadas en el mercado: Consisten en penalizar acciones perjudiciales y/o subvencionar acciones positivas para el medio ambiente. En este apartado entran en juego los impuestos ambientales (de los cuales ya hablamos en un artículo anterior) y otros instrumentos cómo los mercados de permisos de emisiones, los sistemas de penalización/bonificación…
A parte de gravar la contaminación del medio ambiente, es importante resaltar también la necesidad de gravar la explotación de recursos no renovables o la explotación insostenible de recursos renovables, ya que suponen la desaparición del sistema de recursos que no podrán ser utilizados nunca más. Por lo tanto, al coste de extracción, habría que sumarle un coste añadido que reflejase la apropiación privada de un bien finito y no renovable. Esto por otra parte ayudaría a los sistemas de explotación sostenible (cómo por ejemplo la explotación forestal sostenible), ya que éstos sacrifican parte de sus beneficios a cambio de explotar sosteniblemente sus recursos. Al gravar las explotaciones insostenibles, se internalizaría el coste, haciendo más rentables las explotaciones sostenibles. También favorecerían las energías renovables frente a las energías convencionales, pues estás tendrían que pagar por la contaminación que producen y por la explotación de recursos no renovables del planeta.

Es importante entender que contaminar o consumir recursos no renovables implica una responsabilidad social que hay que asumir, y por lo tanto pagar. El principio de “quién contamina paga” exige gravar los sistemas que perjudiquen al medio ambiente.

Directiva Marco del Agua

Un claro ejemplo es el de la Directiva Marco del Agua (DMA). Es una normativa europea que establece un marco de actuación en las políticas de gestión del agua.

Establece que el agua no puede ser un bien subvencionado, sino que los usuarios deben asumir los costes de forma totalitaria. Un hecho muy importante es que establece también la necesidad de que los usuarios asuman los costes ambientales y los costes relativos a los recursos (se refiere a que los usuarios deben asumir que el agua es escasa y por lo tanto hay un coste de oportunidad en su uso. Por lo tanto los usuarios deben asumir ese coste de oportunidad, según sea la escasez de agua en el lugar). 

1 comentario:

  1. Un artículo muy interesante. Enhorabuena. A modo ilustrativo sobre lo que dices respecto a la internalización de los costes comentar que existe un principio legal denominado "Responsabilidad del productor" que atribuye al fabricante de un producto la responsabilidad total o parcial de hacer frente a los costes de gestión de sus productos cuando estos devienen en residuos. En este sentido la recién publicada ley 22/2011 en su título IV "Responsabilidad ampliada del productor del producto" proporciona un marco para una aplicación más homogénea de este principio.

    ResponderEliminar